La flexibilidad educativa de las familias bien

Ya estamos en agosto y nuestro sistema educativo se ha ido de vacaciones, dejando a las familias españolas sumidas en la duda de cómo va a empezar el nuevo curso 20/21. Mientras que la UNESCO alerta del desastre que puede suponer el dejar a cientos de miles de menores sin docencia presencial, hay familias que creen haber encontrado una solución: la flexibilidad educativa.

Alegan estas familias que, si permiten quedarse en casa a sus criaturas recibiendo docencia online, bajaría la ratio y los niños y niñas que no pueden quedarse en sus casas a cargo de un adulto podrían ir a los centros educativos de manera segura. En principio, no parece una mala propuesta, hasta que te pones a indagar en todo lo que supone.

En primer lugar, están planteando que se monte un sistema de docencia online paralelo al presencial. Eso supone un aumento de recursos que va en detrimento de la mejora absolutamente necesaria de la presencialidad. Es invertir en algo que es deseable que no se perpetúe. Si hay enseñanza online, será pasajera y será para todas y todos. En este caso, habría que invertir, y mucho, en formación. En caso contrario, los recursos deben ir dirigidos íntegramente a bajar la ratio de forma real, aumentar el profesorado y mejorar los espacios presenciales.

Pero imaginemos que esta le pueda parecer una buena idea a las autoridades. Imaginemos que se permite que las familias elijan y, de entre las 1000 que conforman un centro determinado eligen enseñanza online 50. ¿Se van a invertir recursos para que 50 familias tengan educación a la carta sin que la ratio haya bajado sustancialmente? El caso contrario es aún más conflictivo: ¿y si 900 deciden dejar de llevar a sus hijas e hijos? ¿Cómo abordamos esta descompensación? ¿Cómo aseguramos que esos 900 niños y niñas están atendidos y cuidados en sus hogares?

La ONU hizo un llamamiento de alerta a los países sobre el aumento de abusos y maltrato a la infancia durante el confinamiento. Abrir una vía de enseñanza a distancia debe de ir acompañado de un sistema de garantías de protección a la infancia. Seguramente que, a quienes hacen esta propuesta, esto les parece absolutamente innecesario. Desde su privilegio de “familias bien” no ven más allá de su círculo social.

La propuesta de flexibilidad educativa no deja de ser un intento de reparto del pastel entre familias de clase media en centros concertados o públicos selectos. El “yo me quedo en casa para que tú disfrutes de la bajada de ratio” funcionaría solo en centros de características muy concretas mientras que, a otros, les abocaría a riesgos de exclusión y abandono mayores a los existentes en la actualidad.

Por otra parte, esta propuesta está apareciendo vinculada al homeschooling, opción educativa de larga tradición que lleva años luchando por legitimarse. Sin embargo, el homeschooling no tiene nada que ver con la educación a distancia. Una cosa es que, como madre o padre, decidas que vas a dedicar tu tiempo a educar y formar a tu prole en casa y otra muy distinta es pedirle al sistema que te monte una vía educativa exclusiva online. El homescholing no tiene nada que ver con eso. Si quieres un sistema alternativo diferente al público tienes dos opciones: elegir un colegio privado o currarte la educación en casa. Pero intentar aprovechar la coyuntura para intentar legalizar el homeschooling es, en estas circunstancias, oportunista y arriesgado.

En ciertos aspectos, es beneficioso que el sistema público de educación se gentrifique, pero siempre que los cambios beneficien a todas y todos por igual. Ahora, todos los recursos deben ir dirigidos a apuntalar las bases del sistema y conseguir que nuestras hijas e hijos, todas y todos, puedan seguir disfrutando de la mejor forma posible de su derecho a la educación, sin desviarnos con elucubraciones pequeño-burguesas y neocon.