Derecho a la educación

Se acerca septiembre y no sabemos las condiciones en las que nuestras hijas e hijos van a volver a las aulas. Se han dejado pasar meses sin un trabajo serio desde las administraciones y el profesorado, en los centros educativos, corre como pollo sin cabeza y algunos, los menos, intentan buscar soluciones para que su alumnado pueda seguir estudiando. Y, para qué engañarnos, la inmensa mayoría, a estas alturas, están de vacaciones.

Me pregunto si habrá muchas familias de la élite que estén dudando si sus hijos e hijas van a tener las condiciones necesarias el próximo curso para seguir formándose. Seguramente no: sus colegios son negocios que dan dinero a alguien. Las familias que hemos elegido la pública tenemos que aguantar la inoperancia de la administración educativa y los desprecios y menosprecios del profesorado funcionario que se hace cargo de estos centros. Uno de estos desprecios recurrentes es que queremos que vuelvan a las aulas para aparcarles. Seguramente porque ellos quieren que no les llevemos para no tener problemas: si no hay alumnos, no hay vuelta a las aulas.

Desde el 3 de julio no hemos tenido ninguna noticia del centro educativo en el que estudia mi hijo. Bueno, sí: supe de un documento que habían pasado a través del AMPA que querían que firmásemos individualmente con perlas como esta: “Dotar semanalmente de mascarillas FFP2 sin válvula para el profesorado, por ser personal de riesgo de alta exposición al contagio como consecuencia del desarrollo de su actividad laboral en espacios cerrados, con elevada densidad de alumnado y sin ventilación adecuada”.

No es sensibilidad mía, pero ¿no os parece que la mención al alumnado en este párrafo denota un desprecio evidente hacia las personas en formación que están en sus manos? Mi hijo, en este párrafo, ha pasado a formar parte de una masa que está hacinada sin ventilación, pero lo importante es que su profesor lleve una mascarilla FFP2 facilitada por la administración.

Desde luego, no me da demasiada tranquilidad que mi hijo acuda a un centro en el que hablan de él como si fuese ganado. Sin embargo, quiere volver. Es su mayor deseo: poder ir otra vez a clase, quedar en el portal con sus amigos e ir caminando juntos al instituto, estar en clase con ellos y con sus profesores (más con unos que con otros) y volver a aprender. Si lo de antes era malo, lo que han sufrido en el confinamiento es mucho peor.

Pero el profesorado no parece dispuesto a volver. Quieren una vuelta segura con condiciones que saben que son absolutamente inviables económicamente. Todavía no he visto ni un solo análisis de viabilidad de propuestas de bajadas de ratio drásticas y acondicionamiento de espacios, o de cómo implantar un modelo híbrido semipresencial con unas garantías de calidad. Solo oigo cacareos. El gremio docente, de repente, se ha convertido en el único que corre riesgos en la vuelta a su trabajo. Miles de personas que trabajan en Madrid tienen que ir en metro a trabajar y llevar mascarilla durante toda su jornada laborar. Sin embargo, ¿a quienes estamos escuchando quejarse por encima de sus posibilidades? A los docentes.

A ver, por supuesto que creo que la administración debe asegurar una vuelta segura, pero da muy poca confianza la actitud victimista del profesorado, que tan pronto arremeten contra las familias porque les queremos como “aparcaderos de niños”, tan pronto nos dicen que debemos remar todas/os juntos en una misma dirección. Predicado, tus muertos, la verdad. Incluso hay algunos que se han atrevido a sugerir que las familias hagan huelga y no lleven a sus hijos/as a los centros educativos. ¿Perdona? Huelgas encubiertas, nunca más. Si quieres luchar por tus derechos, haz huelga tú. Aunque a mí me daría vergüenza abandonar un servicio esencial en estos momentos, están en su derecho.

Lo cierto es que nuestros hijos y nuestras hijas tienen derecho a la educación pero parece que hay pocas ganas de garantizarlo. La educación no da dinero a corto plazo, y en este país somos eminentemente cortoplacistas. Cortoplacistas y poco previsores. En todos los países de nuestro entorno se ha vuelto a las aulas. En todos los países, las normas son 1,5 a 2 metros de distancia y mascarilla si no se puede asegurar. No es viable cambiar el sistema educativo en una semana. Podrían haber trabajado junio y julio en el cambio, pero no lo han hecho. Solo se oyen cacareos en las redes, que se acallarán en agosto y volverán en septiembre.

Nadie al volante

Simón ha dejado de habitar mis sobremesas. Ahora solo escucho a los barones autonómicos dar palos de ciego: uno confina, otro decreta mascarillas obligatorias y otro dice que por qué Pedro Sánchez no obliga a todo el mundo a ponerse mascarillas. En esta línea temporal, nadie tiene claro que hacer, pero tienen que hacer como que sí.

Directoras y jefas de estudios de los centros educativos (permitidme que use el femenino genérico, que ya la gente hace lo que quiere a estas alturas) dan vueltas de un lado a otro sin saber qué hacer, mientras que consejeros y consejeras hacen brindis al sol diciendo cuántos profesores van a contratar y cuántos dispositivos electrónicos van a comprar. Nadie las tiene todas consigo sobre cómo será la normalidad después del verano, la verdadera “nueva normalidad”.

Da miedo saber que no existe Dios ni tenemos líderes. Mientras llega el temido 1 de septiembre, hacemos cábalas, bebemos cervezas en las terrazas y seguimos teletrabajando… o no. A la ministra de educación se le ha ido la pinza y no sabe qué hacer, y el de Universidades, con lo majo que era, está pensando que por qué no se jubiló cuando estaba a tiempo.

Nuestros líderes tienen canas y nuestros niños quieren volver a la normalidad. Quieren ir al colegio y al instituto, quieren que sus abuelas y abuelos estén seguros. Quieren vivir en paz. Y nosotras y nosotros, los adultos, no sabemos qué hacer. Nos ponemos la mascarilla al salir. Nos echamos hidrogel en las manos y hacemos como si todo siguiese igual. Pero no. Nada es igual que antes.